La Junta carga en los docentes la responsabilidad de resolver las incertidumbres del próximo curso
Imagen de archivo de un aula vacía. europa press
A lo largo de diez páginas, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta recoge las instrucciones que los centros educativos deben seguir para adoptar medidas de cara al próximo curso 2020/2021, el de mayor incertidumbre en décadas debido a la pandemia del Covid-19. El documento, aún en fase de borrador, enumera una larga lista de nuevas obligaciones para los equipos docentes y directivos de los centros, a los que corresponderá buscar soluciones educativas. Lo tendrán que hacer sin conocer, hasta la fecha, cómo se reforzarán las plantillas o se incrementarán los recursos para afrontar un momento tan delicado.
La Consejería que dirige Javier Imbroda se escuda en la autonomía de los centros, pero se contradice al encorsetarla de partida con 'deberes' que hacen más pesada la temida carga de la burocracia, con la obligación de elaborar más planes, como el Plan de Actuación Digital, o incluso calendario de reuniones.
Se puede decir que los docentes, con estas instrucciones planteadas por la Junta, que ha consultado El Independiente de Granada, tendrán que duplicar el trabajo que hacen de cara a un nuevo curso. Porque su obligación, según les traslada la Consejería, es preparar al menos dos escenarios: que las clases puedan seguirse de manera presencial o que el coronavirus trunque esa opción y obligue a seguir la modalidad no presencial estrenada por la fuerza de los hechos este curso.
Detectar al alumnado en situación vulnerable, el que más haya padecido la brecha digital, adaptar el plan de centro y los currículos; revisar objetivos; comprobar el nivel inicial del alumnado a través de una evaluación que se desarrollará el primer mes del curso; tutorías; Orientación...
2. En los procesos de evaluación inicial se valorará la situación del alumnado y se determinará aquel que requiera de un plan de actividades de refuerzo o profundización en horario lectivo, así como programas de refuerzo con carácter extraescolar con independencia de si el alumno o la alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo y, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad se estimen pertinentes. Se prestará especial atención al alumnado que haya tenido dificultades debidas a aspectos relacionados con la brecha digital.
3. El equipo directivo promoverá el establecimiento de agrupamientos flexibles, desdobles y otras medidas generales de atención a la diversidad, en función de su disponibilidad de recursos materiales y humanos.
Las indicaciones sobre estas líneas son algunas de las que se recogen en el documento, que reclama actividades de refuerzo, seguimientos individualizados, desdobles o agrupamientos flexibles o multinivel.
La Asociación de Directoras y Directores de Andalucía, Adian, "entran en una contradicción tangible dado que, en el apartado 1 de la instrucción tercera se menciona "la intensificación del principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros", pero pero, en su conjunto, recogen un sinfín de imposiciones y de exigencias a los centros, a los equipos directivos y al personal docente que acaban con el principio de autonómica pedagógica.
Adián pide a la Admnistración educativa andaluza que "de verdad apuesten por dar autonomía de gestión y tener confianza en los equipos directivos"
Para CSIF, estas instrucciones "son una declaración de buenas intenciones", pero "no se explicita qué apoyo va a recibir el profesorado y equipos directivos para su puesta en funcionamiento". "Suponen, de no contarse con recursos materiales y personales adicionales, un incremento de las responsabilidades y labores del sector docente".
Además, la central sindical ve "excesiva" la autonomía pedagógica y de organización que confieren, y que a su juicio, "viene a paliar la falta de responsabilidades que pedimos asuma la Consejería de Educación", toda vez que considera "imprescindible" un incremento de las plantillas docentes para "poder conjugar la detección de necesidades, priorización y refuerzo de contenidos, coordinación docente, formación en competencia digital, etcétera".
Según información de Europa Press, ANPE ha indicado que estas instrucciones "hacen recaer toda la responsabilidad en el conjunto de los docentes y especialmente en los equipos directivos", lo que supone en la práctica "un aumento sustancial de las tareas administrativas y burocráticas del profesorado". Critica el sindicato que no se acompañen las medidas de ningún plan específico que arbitre "los necesarios recursos humanos y materiales para poder llevar a cabo los desdobles, atención a la diversidad y mejora de la competencia digital, necesarios para su adecuado cumplimiento, dejándolo todo a la autonomía pedagógica de los centros y su limitada disponibilidad de recursos propios".
Para el sindicato CGT Enseñanza, el borrador "no garantiza en absoluto la salud y seguridad de la comunidad educativa". "No sólo no se concretan las medidas que se deben tomar, sino que deja toda la responsabilidad en manos de las directivas y profesorado de cada centro", apunta el sindicato, que exige que la Consejería se comprometa a "contratar más personal, ya que las tareas burocráticas (del PAS, de las directivas, departamentos, coordinaciones, tutorías… y en definitiva, de toda la plantilla) se duplicarán: adaptación de programaciones a un posible nuevo escenario pandémico; elaboración de informes para alumnado con necesidades derivadas de la situación; reajuste de horarios (en caso de que se oferte enseñanza presencial y telemática y para regular los tiempos de descanso de los grupos); confección de grupos reducidos para garantizar la distancia de seguridad; búsqueda de espacios; etc".
Considera CGT que la Administración "debe cumplir sus propias normas y reducir las ratios". "Si ya antes del confinamiento era inaceptable que hubiese grupos por encima del límite legal permitido, pretender ahora que se mantenga la distancia de seguridad en los mismo metros cuadrados y con las mismas personas es simplemente imposible".
El sindicato, que baraja incluso la movilización para dar visibilidad a este descontento, critica que el consejero haya "manifestado su intención" de repartir el dinero que llegará desde el Gobierno de España a las comunidades para destinarlo a Educación entre centros públicos y privados concertados. Aclarando al respecto que "el borrador será de obligado cumplimiento para los centros públicos, pero no para los de titularidad privada, incluso los concertados, que podrán adecuarlo a su propia organización".
